miércoles, 2 de mayo de 2018

La otra cara de la violencia, la que no se difunde por los medios

"Si esta foto no te indigna, si piensas que “ella se lo buscó por estar allí “ o “¿quién la manda...?”, amigo, tú eres parte del problema. Nadie se busca un abuso. 

Esa joven fue allí a dar, literalmente, la cara por ti, por mí y por todos. La próxima vez que pases frente a una comunidad aún sin luz, acuérdate de ella. La próxima vez que te llegue una factura injusta, que no puedes pagar y no tienes a quién reclamar, acuérdate de ella. Si sacas los números para retirarte y te das cuenta que no puedes, porque simplemente, no puedes vivir con la pensión que te toca, acuérdate de ella. Y si alguna vez sientes un dolor intenso, te arde toda la piel y te quedas ciego, acuérdate de ella.

Querida joven, no te conozco, pero gracias. Gracias infinitas por tu valentía y compromiso." (Mirelsa Modesti en su Facebook).

martes, 1 de mayo de 2018

"Una nueva dictadura se ha instaurado en Puerto Rico" por Roberto Ramos Perea

(ENVIADO HOY EN LA TARDE A MAS DE 150 periódicos de todo el mundo en varios idiomas.)
Una Nueva DICTADURA se ha instaurado en Puerto Rico
por ROBERTO RAMOS-PEREA
Dramaturgo Puertorriqueño
Primero de Mayo 2018. – Siguiendo las órdenes del Gobernador de Puerto Rico, el Dr. Ricardo Roselló, hoy, Día Internacional de los trabajadores, la Policía dispersa con gases y balas de goma una manifestación de miles de ciudadanos que protestaban indignados contra una nueva dictadura que se ha instaurado en Puerto Rico.
Es una dictadura de impunidad, corrupción política y explotación económica del pueblo puertorriqueño. En el año 2016 llegó al poder nuevamente el Partido Nuevo Progresista (PNP), partido que suplica a Donald Trump, que Puerto Rico sea el estado 51 de los Estados Unidos.
Los gobiernos de los partidos mayoritarios, tanto del Partido Popular Democrático (PPD) que apoya la perpetuación del estado colonial, como los del anexionista PNP han aumentado la deuda pública del país en mucho más de 70,000 millones de dólares. Una deuda impagable para Puerto Rico.
Para cubrir esa deuda se han realizado los más abusivos recortes presupuestarios de nuestra historia. Han tomado dinero de las pensiones de los empleados públicos y han recortado todos los presupuestos de todas las agencias. Los fondos para la educación, la cultura, la salud, las mejoras de la infraestructura pública, se vieron mermados casi en su totalidad para poder ofrecer a Estados Unidos y a una Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Congreso, un plan de pagos que aminorara la deuda y complaciera a los acreedores. El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal son dos garras de una misma fiera.
En ese proceso nos sorprenden dos huracanes desastrosos que lanzan a Puerto Rico a su peor miseria histórica.
Estados Unidos por su parte, envía escasas ayudas y éstas son saqueadas por el Gobierno para beneficio de su personal y sus funcionarios. Aún en Puerto Rico, 8 meses luego de los huracanes, hay cientos de familias sin energía eléctrica y cientos de casas cubiertas con toldos.
Este desastre dejó sin trabajo y sin seguridad de salud a más de medio millón de personas, muchas de las cuales emigraron a Estados Unidos.
La peor parte de esta crisis, es que en medio de las crueles necesidades de salud, de empleo y de educación, el actual gobierno pone a la venta la Autoridad de Energía Eléctrica, así como más de otras 20 corporaciones de servicios públicos que eran propiedad del Pueblo de Puerto Rico. Ordena cerrar más de 300 escuelas causando un caos social entre los estudiantes. Las escuelas vacías se venden por un dólar a los allegados del Gobierno. Destruyen paulatinamente la Universidad de Puerto Rico arruinando su prestigio y limitando sus capacidades. Eliminan de raíz todos los presupuestos culturales, porque la cultura puertorriqueña es resistente de la asimilación a Estados Unidos.
Abren la puerta a las negociaciones con intereses corporativos del fundamentalismo cristiano y colocan como legisladores en el Senado y en la Cámara de Representantes a los más agresivos defensores de la derecha religiosa cristina violando el más caro principio de la separación de Iglesia y Estado. Y encima de todo esto, sustituyen a los Secretarios del Gabinete puertorriqueños por funcionarios estadounidenses pagándoles sueldos de medio millón de dólares al año.
Intervienen la judicatura, legislan para favorecer corporaciones afiliadas al poder y decretan leyes en contra de todos los avances obreros y sindicales.
Compran con dinero del pueblo a periodistas para que estos insulten al pueblo puertorriqueño y promuevan el asesinato de nuestros más caros valores nacionales.
Nada de esto sería de asombrarse si conocemos que dictaduras iguales han asumido el poder en todo el mundo. Pero Puerto Rico es un país geográficamente menor a muchos de ellos, por lo que el control de toda resistencia va dirigido a la rápida aniquilación del pueblo.
Es hora de que el mundo sepa lo que aquí pasa. Estados Unidos no asume ninguna responsabilidad tras haber invadido militarmente y bombardeado nuestras playas en 1898.
Estados Unidos no tienen ningún interés en convertirnos en Estado de su Unión. Lo han dicho miles de veces. Su único interés es despoblar la Isla para venderla en pedazos a los intereses turísticos y comerciales de las grandes corporaciones de EU, entre ellas Monsanto.
Puerto Rico es una de las últimas colonias de América, sino la última. Estamos incapacitados para impedir este caos. Necesitamos del apoyo internacional, necesitamos la expresión de los más altos foros internacionales y de los gobiernos que con dignidad han representado la democracia en el mundo. Tenemos que dar a conocer este genocidio o esto terminará muy mal, no solo para nosotros, sino para el necesario balance de la fuerzas del mundo.
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jueves, 19 de abril de 2018

De tal palo...tal astilla.

Rosselló padre e hijo
Hay tantas cosas por las que rabiar y tan corridas que a veces se nos escapan detalles de lo que nos está haciendo el Gobernador Ricardo Rosselló.  Con su sonrisita y su actitud de "yo no fui" está siguiendo el mismo libreto que su padre.

Si recuerdan, Pedro Rosselló se empeñó en cambiar el sistema de salud pública que aunque no era perfecto funcionaba. Y lo  hizo sin tener los fondos para costear su famosa "tarjetita" con lo cual comenzó la quiebra del país.  Para acabar con el sistema anterior se le ocurrió poner en venta todos los CDT en nada menos que por el valor de $1.00.  No sabemos quienes se beneficiaron y no recuerdo si hubo denuncias en la prensa.  Pero sí sabemos el resultado: lo que tenemos ahora es un sistema de salud quebrado que no funciona como declaran los propios médicos y que no se puede sostener.  Y los que viven en pueblos alejados de la zona metropolitana no tienen el acceso a atención médica como en los CDT de antes sino que tienen que intentar llegar al Centro Médico con el resultado del hacinamiento, a veces días de espera en salas atestadas de pacientes y pocos médicos.

Pues ahora con el sistema de educación pública su hijo está haciendo lo mismo: cambiarlo en la forma más atropellada jamás vista en nuestra historia: cerrando cientos de escuelas por encima de los reclamos de estudiantes y sus padres, incluyendo las escuelas modelo y las Montessori. No hay explicación ni lógica alguna. Como no sea que no cree en la educación pública. Lo que le importa es que nos parezcamos a los estados de la nación a la que quiere imitar e integrarse a toda costa.

Pero lo más terrible es que imitando a su padre, está traspasando los planteles cerrados por un precio nominal de $1.00.  Ya uno de estos, la escuela Julia de Burgos en Carolina fue entregada (regalada) a los de la controversial iglesia Fuente de Agua Viva pues es ahora un colegio con el nombre de Fountain Christian Bilingual School.

De todo esto nos enteramos en El Vocero de ayer martes 17, en la noticia sobre la singular protesta llevada a cabo por el abogado criminalista Luis F. Abreu Elías sobre esta práctica de transferir las escuelas cerradas a entidades privadas como las de base cristiana.  Abreu Elías se personó al Departamento de Educación para entregar $10 en efectivo para alquilar 10 escuelas. Aclaró a la  prensa que: "Yo no quiero comprar escuela alguna ni enriquecerme de una ilegalidad.  Los que las están comprando regaladas son unos corruptos".  Su oferta es "una forma simbólica de protestar por los abusos que está cometiendo este gobierno contra los estudiantes y los maestros".

Lo que está haciendo este gobierno con las escuelas es claramente inconstitucional como señala el Lcdo. Abreu Elías y ya se están preparando para radicar dos demandas para impugnar la Ley de Reforma Educativa.

Tenemos que respaldar esta iniciativa y felicito a Abreu Elías por su imaginativa estrategia para impugnar las acciones descabelladas de la Secretaria Keleher para cumplir con lo que interesa hacer este gobernador: acabar con la educación pública.  ¡No lo permitamos!!

(Esta entrada no pude publicarla ayer miércoles 18 de abril por que en ese  preciso momento ocurrió el Apagón General que dejó la isla entera sin electricidad. Esa es otra de las obras de esta administración rosellista : dejar que el sistema se acabe de destruir  para hacer lo que siempre quisieron: privatizar la AEE y que nos fastidiemos los que tendremos que pagar facturas mayores como consecuencia.) 

miércoles, 4 de abril de 2018

"Colonialismo, saqueo y reforma educativa", excelente columna de Rima Brusi

Quiero compartir la columna de Rima Brusi en su blog Parpadeando porque me parece que los que no leen nada más que los periódicos, escuchan noticieros o ven la televisión puede que no se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro país gracias a este gobierno entregado, embustero, hipócrita y corrupto.  La reproduzco completa porque no tiene desperdicio.  Los invito a leerla.

"El huracán María arrasó con Puerto Rico hace ya más de seis meses, y la frustración de los puertorriqueños con sus funcionarios públicos es palpable. Motivos y personajes para indignarse sobran: ahí estaba, por ejemplo, hasta hace unos pocos días, el director de PREPA, Ricardo Ramos, quien presidió la comedia de errores y horrores de los apagones que aún no terminan y que, para muchos, limitan y definen la vida cotidiana; ahí está Héctor Pesquera, ignorando, insistentemente, miles de muertes provocadas por el huracán y la negligencia de las autoridades; ahí está el gobernador Rosselló, quien repartió millones de nuestro quebrado erario entre contratistas de dudosa reputación y escasos resultados.
Pero la funcionaria más controversial es probablemente la secretaria de educación, una consultora de Filadelfia llamada Julia Keleher, quien se ha convertido en el blanco de una campaña viral que la invita a renunciar y dejar la isla usando el hashtag #JuliaGoHome, y de miles de maestros que se unieron a un paro el pasado lunes en protesta al proyecto de ley que su oficina ha generado y que conocemos popularmente como “la reforma educativa”.
Keleher es la primera persona no-puertorriqueña que ocupa el cargo desde principios del pasado siglo, cuando todos los funcionarios de la colonia eran estadounidenses. Durante los cuatro años anteriores a su nombramiento, su firma le había prestado servicios, por contrato, de “diseño e implementación de reformas educativas” al Departamento de Educación, servicios que costaron casi un millón de dólares y cuyos resultados no están claros.
La resistencia inicial se enfocó en su salario, $250,000 anuales. En una isla quebrada que vive bajo el yugo de una deuda impagable (y de las medidas de austeridad que se han impuesto para que la paguemos), Keleher se las ha arreglado para ganar diez veces más que el maestro promedio, más del doble que los secretarios que la preceden, tres veces lo que gana el gobernador Rosselló, 25 por ciento más que la secretaria de educación de EEUU, Betsy DeVos, y más que el 95 por ciento de los líderes de educación pública en todo el mundo.
El salario máximo de los funcionarios gubernamentales en Puerto Rico está limitado por ley, de modo que para poder pagarle esa cantidad, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal– creada, irónicamente, en el 2016 para implementar medidas de ahorro y austeridad– facilitó un contratoaparte que de facto la ha convertido en asesora para la misma agencia que dirige. Su salario exorbitante, así como el de otros nombramientos, incluyendo el de la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, ha sido justificado en los medios como “necesario” para atraer el talento que la isla y la crisis requieren urgentemente.
En respuesta a las críticas, los que defendieron su confirmación hicieron hincapié en sus credenciales y destrezas “de calibre global”, alabándola como una tecnócrata hábil, experta en el análisis de datos y el uso de evidencia para implementar prácticas y formular métricas.  La describieron además como alguien que, precisamente por ser “de afuera”, sería inmune a las presiones de la política partidista que corrompía la gestión de otros secretarios y del gobierno en general. Este último argumento se encuentra ya en entredicho: la Comisión Puertorriqueña de Derechos Civiles está investigando a su oficina por violaciones éticas y favoritismo político.
Pero el caso es que la evidencia y los “datos” que Keleher alegadamente usa como base para las reformas que implementa y propone no han sido comunicados de forma transparente. La lógica para escoger, por ejemplo, las más de 150 escuelas que cerró (y las trescientas que propone cerrar) no ha sido explicada, al menos no más allá de vagas referencias a la pérdida de estudiantes que han emigrado recientemente a Estados Unidos.
La decisión de cerrar escuelas no parece ser inocente, aislada o trivial. Para empezar, Puerto Rico carece de transportación pública confiable, y el Departamento opera muy pocas güagüas escolares. En una isla donde más de la mitad de los niños vive bajo el nivel de pobreza, muchos padres carecen de los medios para llevar a sus hijos a escuelas más lejanas. A muchos les preocupa el impacto de la consolidación de escuelas sobre niños que aún están lidiando con el trauma y las consecuencias de la tormenta. Ni hablar de la pérdida inminente de empleos docentes que cerrar escuelas implica. Con el apoyo y ayuda de la oficina de DeVos, el departamento que dirige Keleher ha producido un proyecto de “reforma educativa”, diseñado para aumentar la libertad y opciones educativas (“school choice” es un término muy popular entre los partidarios de reformas neoliberales en Estados Unidos) mediante la implantación de escuelas chárter (Keleher las llama “escuelas alianza”) y vales educativos. En las vistas que el Senado convocó para discutir el proyecto, el decano de educación de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras testificó en contra de las chárters utilizando argumentos basados en estudios concretos y fue despedido posteriormente por el presidente interino del sistema UPR, quien ha apoyado la reforma públicamente. El paro del lunes buscaba presionar a los senadores para que no aprobaran el proyecto, pero este pasóde todas formas, y la versión final necesita solo la firma del gobernador (quien también ha sido explícito en su apoyo) para convertirse en ley. Los vales y las chárters del proyecto están acompañados, predeciblemente, por el anuncio del cierre de 300 escuelas más (casi una tercera parte del sistema público) y un proyecto aprobado el año pasado que facilita la creación, en fast track, de las llamadas “escuelas-iglesia”, combinando así dos de los principios favoritos de la derecha: el “school choice” y la (mal llamada) “libertad religiosa”.
Resulta difícil no interpretar esa combinación–eliminar escuelas públicas y a la vez traer vales y chárters a la mesa– como otra cosa que no sea una privatización a gran escala del sistema educativo y una luz verde al uso de fondos públicos para alimentarla. No nos parece que el vínculo que existe entre los fondos buitre que esgrimen nuestra deuda y la industria de escuelas chárter en Estados Unidos sea una coincidencia. Por su parte, Keleher niega que el proceso sea uno de privatización. Y el borrador final del proyecto es notablemente vago en lo que respecta a aspectos críticos de sus propuestas: las chárter podrían ser organizaciones con o sin fines de lucro, los vales podrían o no usarse en escuelas religiosas, y tanto las chárter como las privadas podrían o no aceptar estudiantes de educación especial.
Este último tema, el de educación especial, es particularmente crucial, y la falta de énfasis de Keleher sobre el mismo resulta reveladora. En los cincuenta estados, la población de educación especial constituye un 13 por ciento del total del estudiantado. En Puerto Rico, sin embargo, 40 por cientode los estudiantes requieren (por ley) estos servicios.  Numerosas investigaciones sugieren que las chárter admiten y retienen menos estudiantes de educación especial que las escuelas públicas tradicionales. La secretaria no parece particularmente preocupada por esta población o por las implicaciones que su reforma tiene para la demografía y presupuesto de las escuelas públicas.
Keleher ha sido confrontada, tanto por maestros como por la prensa, con preguntas sobre los cambios que propone. Sus respuestas suelen ser inadecuadas, inapropiadas y a veces sencillamente groseras. Tiende a reaccionar con aseveraciones bruscas, desinformadas, o sarcásticas. En una ocasión, descontenta con las preguntas de unas maestras, y aparentemente no preparada para contestarlas, simplemente abandonó la reunión.
Su reacción a las críticas en torno al contrato reciente, por $16.9 millones, que le otorgó al también estadounidense Josephson Institute of Ethics para enseñar “valores” en las escuelas públicas puertorriqueñas es reveladora: tras justificar el cierre de las primeras 179 escuelas como necesario para crear un ahorro de 7 millones, le restó importancia al monto del contrato de Josephson y lo describió (tras hacer, frente a la prensa, gestos de estar haciendo la matemática del asunto) como un gasto relativamente menor, menos del 1 por ciento del presupuesto total de la agencia. Pero para muchos puertorriqueños, que trabajan en y asisten a escuelas donde escasean los recursos, el equipo y los materiales, la suma de 16.9 millones es extraordinaria. Cuando los periodistas le preguntaron acerca de las trabajadoras sociales que en principio están a cargo de esa función en las escuelas, contestó que estas carecen de las destrezas de liderato y administración que hacen falta para la tarea. Cuando se le preguntó por qué no explorar la posible contratación de la Universidad de Puerto Rico (que de hecho tiene experiencia con la creación de currículos de ética), preguntó, retóricamente y con expresión de fastidio, “qué obligación” tenía ella de hacer eso.
Más tarde, cuando le preguntaron por qué, concretamente, había elegido (sin subasta pública) a la firma de Josephson, contestó bruscamente “porque sí”, añadiendo más adelante que tenía “evidencia” de que la compañía californiana había tenido buenos resultados con una versión más pequeña del mismo programa que, bajo el nombre de “Tus Valores Cuentan”, llevaron a cabo durante la gobernación de Luis Fortuño. Los que apoyan a Keleher, incluyendo al gobernador mismo, han repetido esto de la “evidencia de buenos resultados” en numerosas ocasiones. Este argumento es, sin embargo, debatible: el instituto nunca ha corrido su programa, Character Counts, a esta escala, y la única evaluación que pudimos encontrar (financiada por el mismo instituto Josephson) no parece adecuadamente profunda o rigurosa y sugiere, como mucho, resultados modestos. Cuando le preguntaron a Keleher cómo supo de la existencia del programa y del instituto, alegó no recordar nada, pero poco después salió a relucir que una funcionaria (con una larga trayectoria en el PNP y directora nada menos que de la oficina de Ética) había traído el programa a su atención. Gran parte de los contratos del Instituto Josephson son financiados con fondos públicos y sus clientes incluyen al FBI, el Departamento de Defensa, y la CIA. El mismo Josephson ha aceptado, sin embargo, que el nuevo contrato en Puerto Rico es el más caro y complejo que han obtenido hasta ahora.
Ahora que ha aumentado la presión del público, Keleher y sus partidarios están acusando a los críticos de prejuicio y xenofobia. Alegan que Keleher no agrada porque es estadounidense, o que su audiencia puertorriqueña no la entiende bien porque el español no es su primer idioma. Insisten en que Keleher está haciendo un gran esfuerzo (por nuestros niños, y por comunicarse) y que sugerir que alguien de Filadelfia no debería correr el Departamento de Educación es equivalente a decir que un puertorriqueño no podría correr una agencia en Estados Unidos. Estos argumentos, sin embargo, oscurecen los procesos históricos y las diferencias de poder que le sirven de base a esta controversia. ¿Le permitirían acaso, a una puertorriqueña, manejar un departamento de educación en Estados Unidos sin exhibir conocimientos plenos del idioma inglés y la cultura e historia del país?
Tomando en cuenta la falta de competencia cultural que ella misma admite, Keleher tal vez desconoce el hecho histórico de que Estados Unidos trató una vez de importar maestros a Puerto Rico con la intención explícita de transformar el idioma, la cultura, y la memoria histórica del pueblo y así convertir a Puerto Rico en un Porto Rico más aceptable. Los maestros locales protagonizaron entonces la resistencia a la imposición de las políticas educativas de “English-only” y la preservación de la historia y tradiciones culturales puertorriqueñas en el currículo.
La relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos implica que cualquier nombramiento estadounidense a una posición de poder en la isla constituye una regresión y exacerba años y años de mensajes ideológicos que afirman la incompetencia de los puertorriqueños, su falta de preparación, su ética monga y, en general, sus deficiencias, una ideología que redunda en una “solución” obvia: traer a otra persona, preferiblemente estadounidense, para “arreglar” los desastres que los nativos crean. El mensaje de esa incompetencia, de esa incapacidad para gobernarse a sí mismos, es uno que resurge y se repite con frecuencia últimamente y que refuerza medidas extremas: desde la imposición de una junta todopoderosa bajo la ley PROMESA, pasando por la creación de un mecanismo separado para administrar fondos federales destinados a la reconstrucción post-huracán, hasta el reclutamiento, desde la oficina de Keleher, de personas fuera de la isla, en los cincuenta estados, para ocupar posiciones de alta gerencia (incluyendo directores de asuntos académicos y recursos humanos) en Puerto Rico.
Es importante que ubiquemos conceptualmente el fenómeno Keleher en el paisaje más amplio de un Puerto Rico post-María. Si bien es cierto que su nominación provocó algunas dudas, es también cierto que ha preparado el camino para nombramientos que, aunque igualmente escandalosos, han enfrentado menor resistencia. Ese es el caso por ejemplo de Walter Higgins III, seleccionado para poner en marcha la privatización de la autoridad de energía eléctrica, y Brad Dean, el CEO de una nueva organización sin fines de lucro creada a través de legislación especial, llamada Destination Marketing Organization (DMO) y diseñadapara privatizar los trabajos a cargo anteriormente de las agencias de turismo gubernamentales. La creación de DMO dice mucho sobre la escala de la transferencia de responsabilidades y recursos del ámbito de lo público al de lo privado.
Está claro que la privatización y la entrada de capital privado están siendo asumidos y presentados como los motores de la recuperación económica de Puerto Rico. El énfasis del gobierno local y la junta fiscal ha estado, incluso antes de María, en reducir agencias gubernamentales, atraer inversionistas externos a través de incentivos contributivos, privatizar servicios públicos–incluyendo servicios esenciales como educación, energía y salud– y asegurar ganancias para los bonistas e inversionistas privados. No debe sorprendernos entonces que los especuladores paren la oreja y que los bonos del país estén repuntando.
La “reforma” de Keleher ilustra y surge así de un proceso que, aunque acelerado, sigue la receta tradicional de los sicarios del capitalismo del desastre: reducir recursos y encoger instituciones públicas, otorgar contratos lucrativos a individuos y entidades privadas basados en Estados Unidos, redirigir fondos públicos para crear escuelas nuevas, cerrar escuelas tradicionales, despedir maestros para facilitar y financiar sus planes, y hacer todo lo anterior al tiempo que se lucra y beneficia personalmente.
Desafortunadamente, Julia Keleher no parece ser una excepción o una anomalía. Falta ver si la insatisfacción detrás del reclamo #JuliaGoHome puede convertirse en una marejada mayor de descontento y resistencia contra la explotación y desmantelamiento de los recursos de Puerto Rico y el endurecimiento del dominio colonial.
*nota: esta pieza la escribí en colaboración con Yarimar Bonilla y Natasha Bannan. La versión original en inglés fue publicada en el periódico The Nation. 

miércoles, 14 de marzo de 2018

Este infame gobierno le va a pagar 17 millones a la CIA para enseñar "valores" a los boricuas

PUERTO RICO: ENTRA EN ACCIÓN CONTRATISTA DE LA CIA
Por Jesús Dávila
NUEVA YORK, 14 de marzo de 2018 (NCM) – La asignación de casi 17 millones de dólares, de los menguados fondos de Puerto Rico, a un contratista de la Agencia Central de Inteligencia para que enseñe honradez a los puertorriqueños abre una verdadera caja de pandora sobre las políticas de Estados Unidos para tratar de mantener el control en su principal colonia caribeña.
La maniobra, en la que la funcionaria que firmó el compromiso del dinero dijo no conocer al perito reclutado, viene a ser una contrapartida de otros episodios también relacionados con la comunidad de inteligencia que entran a jugar papeles en la crisis de Puerto Rico.
Levanta además interrogantes sobre las consecuencias para la región caribeña de que desde Puerto Rico se haga una asignación tan cuantiosa a una entidad vinculada a la CIA. Tales interrogantes tienen relevancia particular en momentos en que el director de la CIA, Mike Pompeo, fue elevado al puesto de Secretario de Estado de EEUU y para sustituirle en la agencia de espionaje se acaba de designar a Gina Haspel, ex encargada de operaciones secretas que tiene en su historial haber supervisado torturas.
Sin embargo, en este caso no se trata de información secreta ni escondida, sino que Michael Josephson, a través de su Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, de California, ha dejado saber que presta servicios a entidades vinculadas a la seguridad nacional y la comunidad de inteligencia de EEUU. Entre ellas, están la CIA, así como al Departamento de la Defensa, el Ejército, el Colegio de Guerra del Ejército, el de la Armada y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), según documentos del propio Instituto.
Entre los países en los que el instituto de Josephson realiza encomiendas “por requerimiento del Departamento de Estado de EEUU” -según los documentos de la entidad- están Corea del Sur, Kirgyzstán, Palestina y Colombia. Además, la misma documentación informa que, al menos desde 2016, ha hecho contactos para tratar de desarrollar proyectos en China, África del Sur, Brasil y Ecuador.
El acuerdo, por 16,9 millones de dólares de fondos asignados al Departamento de Educación, se conoce meses después de que el propio Josephson difundiera información en el sentido de que en Puerto Rico estaban ocurriendo “saqueos generalizados” después del paso del huracán María. A pesar de que los incidentes de saqueo fueron aislados y pocos, el Gobierno no hizo nada por denunciar el informe como difusión de noticias falsas.
El trabajo encomendado a Josephson, de promover “ética” y “valores” a través de las escuelas públicas se produce en el marco de las denuncias de sindicatos, grupos sociales y opositores políticos, ante la determinación de privatizar el sistema de instrucción pública, que en Puerto Rico tiene rango constitucional. Ocurre también en momentos en que las noticias sobre corrupción afectan los esfuerzos de recuperación tras el paso de los huracanes del año pasado, como las del caso Whitefish -todavía bajo investigación federal- y las contrataciones por parte de EEUU de entidades con incapacidad manifiesta para atender los pedidos de diversos tipos de suministros.
No es la primera vez que Josephson tiene que ver con Puerto Rico, pues en 2009 se gestionó que desarrollase un proyecto para la promoción de valores, que se puso en marcha en 2010. Su actividad comenzó entre 2010 y 2011, cuando se desarrollaba un alzamiento estudiantil en el sistema de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico, que fue blanco de medidas duras de represión.
La diferencia principal ahora es que se trata de un trabajo mucho más abarcador, que cubre todo el sistema público de enseñanza, así como la cantidad de dinero asignado en momentos en que el Gobierno de Puerto Rico se encuentra en quiebra y, el proceso para privatizar escuelas se combina con el cierre de una gran cantidad de planteles escolares como supuesta medida para cortar gastos.
Josephson no es el único personaje de reparto vinculado a la comunidad de inteligencia de EEUU que tiene algo que ver con Puerto Rico últimamente.
Aunque desde un lugar muy distinto, el ex oficial de inteligencia naval y ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Wayne Madsen ha publicado este mes su análisis sobre el deterioro de las posesiones isleñas estadounidenses. Madsen concluye que EEUU debe retirarse de Puerto Rico e Islas Vírgenes y del ramillete de islas del Pacífico para permitir que esos territorios pasen a una etapa post colonial de naciones independientes.
Con respecto a las Islas Vírgenes de EEUU, Madsen plantea que se debe gestionar un acuerdo con Inglaterra para que se unan a las Islas Vírgenes Británicas en una sola nación isleña.
Según Madsen, el azote de los huracanes Irma y María en la zona atlántica y las tensiones entre EEUU y Corea del Norte en el Pacifico han dejado claro que EEUU no ha demostrado la condición para proteger la seguridad y el bienestar de los territorios. Mientras tanto, crece el resentimiento y, en el caso de Puerto Rico en particular, argumentó que los muchos decenios de persecución contra el independentismo han resultado inútiles.
El trabajo de Madsen fue reproducido por la Fundación de Cultura Estratégica, una plataforma en la que aparecen muchos artículos de analistas rusos.
De hecho, la conversación internacional sobre el tema del manejo de las posesiones por parte de EEUU no se limita a la comunidad de inteligencia y espionaje.
El mes pasado, el Instituto Affari Internazionali, de Roma, publicó un trabajo de Leo Keay, de la Universidad de Oxford, en el que se plantea que el problema geopolítico principal es que EEUU ya pasó de la etapa en la que podía continuar ampliando su poder y que ahora se dirige sin reflexionar a lo que se conoce como “la Trampa de Tucídides”, viendo amenazas dondequiera. “Estados Unidos debe cesar de estar aspirando a la hegemonía global”, planteó Keay e indicó que le conviene ajustar sus miras, como en su momento lo hicieron los británicos.
 
 

viernes, 2 de marzo de 2018