El gobierno entrega patrimonio histórico y cultural

El asunto del Fortín San Jerónimo al fin ha salido a la luz pública y se ha abierto la caja de Pandora de la corrupción en este país. El que se haya permitido a un desarrollador colombiano--casado con un miembro de la familia cubana dueños de Doral Bank--construir unos edificios espantosos en la misma entrada de la isleta de San Juan arrasando con el pasado histórico y amenazando con la destrucción del San Jerónimo, es otro indicio de que el capital no tiene patria y que el gobierno de Puerto Rico tampoco.

Aunque el escándalo de lo ocurrido con San Jerónimo ha reventado en los medios con la investigación llevada a cabo por el Senador Orlando Parga y en las vistas de su comisión unos han atacado a otros y todos han quedado mal, el proyecto Paseo Caribe estaba siendo impugnado en los tribunales desde el 2000. La Arquitecto Carmen Mascaró, como portavoz de la Asociación de Residentes del Condominio San Luis, llevó el caso para que hacer cumplir con los reglamentos ambientales y de planificación de Puerto Rico. ¡Vano empeño!

De acuerdo a la investigación realizada por estos vecinos hace más de ocho años, la aprobación del proyecto Paseo Caribe estuvo plagada de irregularidades y de violaciones por parte del gobierno de Puerto Rico. Éstas fueron: vender ilegalmente terrenos ganados al mar que son de dominio público; violar la política pública sobre patrimonio histórico y cultural al no respetar las ruinas de la primera línea de defensa del islote de San Juan y al no proteger al Fortín San Jerónimo; aprobar la ubicación del proyecto sin seguir los debidos procesos, sin el endoso de la Autoridad de Carreteras y con la oposición del Municipio de San Juan (bajo la administración de Sila Calderón como alcaldesa); aprobar estructuras con frente horizontal paralelo al mar en violación de la Ley de Puertos de Puerto Rico y sin la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental. Dicen los litigantes que al no prepararse la DIA mandatoria, "no se consideraron los impactos por la congestión vehicular de más de 1, 759 automóviles, la ocupación ilegal de terrenos de dominio público, el impacto negativo a los recursos históricos, culturales y estéticos, los impactos acumulativos al sector por la alta densidad del proyecto, violaciones a la zonificación del área, eliminación del único hidrante disponible para el sector, daños a la propiedad, daños a la salud, daños económicos, daños a la calidad de vida y el incremento en las inundaciones pluviales a causa del pobre drenaje de la infraestructura actual, entre muchos otros".

El desarrollador, Arturo Madero sostuvo por la televisión hace pocos días que contaban con todos los permisos. Eso es lo triste del caso. Gracias a la corrupción de las distintas agencias envueltas en estos permisos este hombre sin patria puede dar la impresión de que todo ha sido legal de su parte.

Como siempre ocurre, los demandantes no lograron lo que el dinero de Madero logró. La prueba está en el enorme adefesio que, para balancear el otro adefesio del Millenium, nos da la bofetada en la cara al entrar a la isleta de nuestra ciudad capital.

Pobre país el nuestro.