(Continuación de esta entrada).
El proceso para establecer lo que se convirtió
en el Estado Libre Asociado en 1952 estuvo viciado desde el principio pero eso nunca se
menciona. Se convenció al pueblo de que fue una creación única que había resuelto el problema del coloniaje. Sabemos que no ha sido así. Veamos.
Una vez juró como primer gobernador electo por el pueblo, Luis Muñoz Marín se dio a la
tarea de impulsar el proyecto para mayor gobierno propio. La Ley 600 en julio de 1950 fue la que
concedíó a Puerto Rico poder convocar a una
asamblea constituyente (para redactar la Constitución) pero primero había que aprobarla en un
referéndum. Para ello había que realizar
inscripciones de nuevos electores y este anuncio de Muñoz en octubre de ese año
desencadenó los eventos que ya estaban planificados. En los documentos
encontrados se ve claramente que ya el FBI había descubierto e informado que
los nacionalistas planificaban una insurrección, de lo cual estaba al tanto el Gobernador Muñoz Marín. El 27 de octubre se hicieron los arrestos que darán inicio al levantamiento nacionalista.
Aunque Muñoz diría que no había más de 300
nacionalistas en toda la isla, para el 2 de noviembre se habían arrestado cerca
de mil personas luego de que el jefe de la policía facilitara unas viejas
listas de Nacionalistas y otros subversivos de la época de Blanton Winship. Esta es la primera vez que se mencionan las
listas de subversivos que como sabemos con el tiempo llegarán a casi 140 mil
personas encarpetadas. (Véase Informe)
Bajo un estado de Ley Marcial no declarada se
mantuvieron las inscripciones con el liderato independentista, comunista y
obrero encarcelado. Luego de las inscripciones se les dio "boleta de
libertad" a cerca de 800 personas fichadas ilegalmente. Los que se
mantuvieron encarcelados a pesar de no haber participado en la lucha armada del
30 de octubre fueron a los que se le tenía reservada la Ley de la Mordaza. Eran
los que habían hablado en la tribuna o fuera de ella, los que habían escrito o
publicado, los que habían aplaudido en los mítines, los que
habían organizado actos nacionalistas y los que habían asistido a dichos
actos. Hubo un puertorriqueño que- como
dijo nuestro gran escritor José Luis González- fue condenado a 6 años de cárcel por
decir 10 palabras: "hoy es que me siento verdaderamente orgulloso de ser
puertorriqueño". El caso de Deusdedit Marrero sigue siendo una espina
dolorosa en el corazón.
El próximo paso fue la campaña para el referéndum que consistió en decir que los que
votaban en contra eran comunistas, lo mismo los abstenidos. Se celebró el 4 de junio de 1951 y con todo y
la sucia campaña, del 65 porciento que votó (cuando LMM había prometido un 90 porciento a los EEUU) un 23% se atrevió a votar en
contra. Hubo una gran abstención que se achacó a la emigración.
Entre
el referéndum y la elección de 92 delegados a la asamblea constituyente el 27 de agosto de ese año se
celebraron los primeros juicios por la Ley 53: a Albizu, (condenado por 12
discursos), Ruth Reynolds (por hacer un juramento en una asamblea), don
Francisco Matos Paoli -nuestro gran
poeta cuyo centenario celebramos este año- (condenado por dos discursos) y José Enamorado Cuesta (por 2 artículos).
Desde
septiembre se estaba reuniendo la Asamblea Constituyente y la prensa publicó la
noticia de que se estaba discutiendo una petición de aministía para los presos
Nacionalistas provocada por el caso del profesor Matos Paoli. Esa petición al
menos provocó que se le permitieran visitas a los presos nacionalistas luego de
11 meses de incomunicación. Pero los juicios continuaron interrumpiéndose para
un "receso" porque el 21 de febrero de 1952 la Convención
Constituyente aprobaba el documento de la Constitución que el 3 de marzo se
aprobó en un referéndum con 80% a favor.
El
Gobernador envió el documento al Presidente Truman con un mensaje de que había
sido "un gran beneficio espiritual para los puertorriqueños" (diría
yo que menos a los presos y los que seguían siendo vigilados por la
policía). Mientras Truman se tomaba su tiempo, en Puerto Rico siguieron los juicios
sobre las violaciones a La Mordaza.
Truman envía al Congreso su recomendación favorable y comienzan los
debates en Cámara y Senado estadounidenses al final de los cuales se aprueba la
Constitución luego de haber eliminado la sección 20 de la Carta de Derechos y
de añadirle enmienda a otra sección. Truman la firma como Ley Pública 447 el 3
de julio de 1952 y el documento vuelve a Puerto Rico donde el 7 de julio los
miembros de la Asamblea Constituyente se reúnen para analizar los cambios
hechos por el Congreso. Se aprobó una
Resolución redactada por Muñoz y Fernós aceptando las condiciones exigidas por
el Congreso. Ese mismo día se celebraba
el último juicio en San Juan.
Los
procesos de esta primera etapa terminaron tres días antes de la inauguración
del ELA el 25 de julio de 1952. Los
presos nacionalistas en La Princesa, incluyendo a Albizu, vieron como se izaba
la bandera monoestrellada- cuya posesión hasta ahora
había sido "delito horrendo"- junto a la estadounidense.
En
las elecciones ese noviembre el Partido Independentista, para quienes nada
había cambiado porque "una Constitución que necesitaba la aprobación final
de un poder ajeno no podía ser un ejercicio libre de autodeterminación",
llegó segundo por primera y única vez.
En la segunda etapa en que se aplicó la Mordaza-que ocurre luego del
ataque al Congreso de los 4 nacionalistas en marzo de 1954-ya la Ley 53 era mucho más fuerte pues se
había enmendado para incluir el meramente pertenecer a un partido "subversivo".
Ya todo el liderato estaba preso por lo cual no había ya quien diera discursos.
Se acusó esta vez por ir al cementerio, por las misas, por recaudar fondos para
los prisioneros y sus familias, por ser nacionalistas. Se persiguió a los
Comunistas pero fueron liberados por no poderse asociar a nada de los
nacionalistas. Pero sobre todo porque para ellos se estaba reservando la Ley
Smith. En ese año por vez primera no se celebraron ni el día de De Diego ni el
Grito de Lares y lo que había era un gran número de agentes de Seguridad Interna.
Se dan dos juicios a la vez, en San Juan y en Arecibo por lo cual los abogados
no daban a basto y salieron libres en el primer juicio casi todos (menos tres )
y todos culpables en Arecibo, incluyendo a Isabel Rosado.
El clima de persecución fue tan terrible que hay
quienes le achacan la gran emigración: 120 mil puertorriqueños se fueron entre
el 1951 y el 1953. Arrestos en masa, fianzas excesivas, encarcelamientos que
duraban años antes del juicio, rehusar visitas de familiares, asignar los
juicios donde quisiera el gobierno, fueron algunas de las violaciones más
obvias. El escándalo fue tal que hasta el propio director de FBI, J. Edgar Hoover-de quien
se puede decir de todo menos que era un
defensor de derechos humanos- decía que la aplicación de la Ley 53 (o Little
Smith Act como le decían) estaba violando derechos. En realidad lo que le
preocupaba era que los casos se cayeran en Corte.
Fue Roger Baldwin quien le hizo saber a Muñoz
Marín que la American Civil Liberties Union (ACLU) estaba muy preocupada
por las violaciones a los derechos civiles ocurridas bajo la Ley 53 y
seguramente le dijo que dicha ley tenía los días contados. Muñoz entonces anunció
el Comité de Derechos Civiles que incluyó a Trías Monge, uno de los defensores
de la Mordaza. El fin vino porque en la Corte Suprema Federal el 2 de abril de
1956 se decidió el caso Pennsylvania v Nelson. Se estableció que la Ley Smith
ocupaba el campo de cualquier otra ley antisubversiva. Era cuestión de tiempo y el gobernador Muñoz Marín deroga la Ley de la Mordaza en
1957 antes de que los casos trajeran a colación algo relacionado al estatus
recién inaugurado.
