jueves, 19 de abril de 2018

De tal palo...tal astilla.

Rosselló padre e hijo
Hay tantas cosas por las que rabiar y tan corridas que a veces se nos escapan detalles de lo que nos está haciendo el Gobernador Ricardo Rosselló.  Con su sonrisita y su actitud de "yo no fui" está siguiendo el mismo libreto que su padre.

Si recuerdan, Pedro Rosselló se empeñó en cambiar el sistema de salud pública que aunque no era perfecto funcionaba. Y lo  hizo sin tener los fondos para costear su famosa "tarjetita" con lo cual comenzó la quiebra del país.  Para acabar con el sistema anterior se le ocurrió poner en venta todos los CDT en nada menos que por el valor de $1.00.  No sabemos quienes se beneficiaron y no recuerdo si hubo denuncias en la prensa.  Pero sí sabemos el resultado: lo que tenemos ahora es un sistema de salud quebrado que no funciona como declaran los propios médicos y que no se puede sostener.  Y los que viven en pueblos alejados de la zona metropolitana no tienen el acceso a atención médica como en los CDT de antes sino que tienen que intentar llegar al Centro Médico con el resultado del hacinamiento, a veces días de espera en salas atestadas de pacientes y pocos médicos.

Pues ahora con el sistema de educación pública su hijo está haciendo lo mismo: cambiarlo en la forma más atropellada jamás vista en nuestra historia: cerrando cientos de escuelas por encima de los reclamos de estudiantes y sus padres, incluyendo las escuelas modelo y las Montessori. No hay explicación ni lógica alguna. Como no sea que no cree en la educación pública. Lo que le importa es que nos parezcamos a los estados de la nación a la que quiere imitar e integrarse a toda costa.

Pero lo más terrible es que imitando a su padre, está traspasando los planteles cerrados por un precio nominal de $1.00.  Ya uno de estos, la escuela Julia de Burgos en Carolina fue entregada (regalada) a los de la controversial iglesia Fuente de Agua Viva pues es ahora un colegio con el nombre de Fountain Christian Bilingual School.

De todo esto nos enteramos en El Vocero de ayer martes 17, en la noticia sobre la singular protesta llevada a cabo por el abogado criminalista Luis F. Abreu Elías sobre esta práctica de transferir las escuelas cerradas a entidades privadas como las de base cristiana.  Abreu Elías se personó al Departamento de Educación para entregar $10 en efectivo para alquilar 10 escuelas. Aclaró a la  prensa que: "Yo no quiero comprar escuela alguna ni enriquecerme de una ilegalidad.  Los que las están comprando regaladas son unos corruptos".  Su oferta es "una forma simbólica de protestar por los abusos que está cometiendo este gobierno contra los estudiantes y los maestros".

Lo que está haciendo este gobierno con las escuelas es claramente inconstitucional como señala el Lcdo. Abreu Elías y ya se están preparando para radicar dos demandas para impugnar la Ley de Reforma Educativa.

Tenemos que respaldar esta iniciativa y felicito a Abreu Elías por su imaginativa estrategia para impugnar las acciones descabelladas de la Secretaria Keleher para cumplir con lo que interesa hacer este gobernador: acabar con la educación pública.  ¡No lo permitamos!!

(Esta entrada no pude publicarla ayer miércoles 18 de abril por que en ese  preciso momento ocurrió el Apagón General que dejó la isla entera sin electricidad. Esa es otra de las obras de esta administración rosellista : dejar que el sistema se acabe de destruir  para hacer lo que siempre quisieron: privatizar la AEE y que nos fastidiemos los que tendremos que pagar facturas mayores como consecuencia.) 

miércoles, 4 de abril de 2018

"Colonialismo, saqueo y reforma educativa", excelente columna de Rima Brusi

Quiero compartir la columna de Rima Brusi en su blog Parpadeando porque me parece que los que no leen nada más que los periódicos, escuchan noticieros o ven la televisión puede que no se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro país gracias a este gobierno entregado, embustero, hipócrita y corrupto.  La reproduzco completa porque no tiene desperdicio.  Los invito a leerla.

"El huracán María arrasó con Puerto Rico hace ya más de seis meses, y la frustración de los puertorriqueños con sus funcionarios públicos es palpable. Motivos y personajes para indignarse sobran: ahí estaba, por ejemplo, hasta hace unos pocos días, el director de PREPA, Ricardo Ramos, quien presidió la comedia de errores y horrores de los apagones que aún no terminan y que, para muchos, limitan y definen la vida cotidiana; ahí está Héctor Pesquera, ignorando, insistentemente, miles de muertes provocadas por el huracán y la negligencia de las autoridades; ahí está el gobernador Rosselló, quien repartió millones de nuestro quebrado erario entre contratistas de dudosa reputación y escasos resultados.
Pero la funcionaria más controversial es probablemente la secretaria de educación, una consultora de Filadelfia llamada Julia Keleher, quien se ha convertido en el blanco de una campaña viral que la invita a renunciar y dejar la isla usando el hashtag #JuliaGoHome, y de miles de maestros que se unieron a un paro el pasado lunes en protesta al proyecto de ley que su oficina ha generado y que conocemos popularmente como “la reforma educativa”.
Keleher es la primera persona no-puertorriqueña que ocupa el cargo desde principios del pasado siglo, cuando todos los funcionarios de la colonia eran estadounidenses. Durante los cuatro años anteriores a su nombramiento, su firma le había prestado servicios, por contrato, de “diseño e implementación de reformas educativas” al Departamento de Educación, servicios que costaron casi un millón de dólares y cuyos resultados no están claros.
La resistencia inicial se enfocó en su salario, $250,000 anuales. En una isla quebrada que vive bajo el yugo de una deuda impagable (y de las medidas de austeridad que se han impuesto para que la paguemos), Keleher se las ha arreglado para ganar diez veces más que el maestro promedio, más del doble que los secretarios que la preceden, tres veces lo que gana el gobernador Rosselló, 25 por ciento más que la secretaria de educación de EEUU, Betsy DeVos, y más que el 95 por ciento de los líderes de educación pública en todo el mundo.
El salario máximo de los funcionarios gubernamentales en Puerto Rico está limitado por ley, de modo que para poder pagarle esa cantidad, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal– creada, irónicamente, en el 2016 para implementar medidas de ahorro y austeridad– facilitó un contratoaparte que de facto la ha convertido en asesora para la misma agencia que dirige. Su salario exorbitante, así como el de otros nombramientos, incluyendo el de la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, ha sido justificado en los medios como “necesario” para atraer el talento que la isla y la crisis requieren urgentemente.
En respuesta a las críticas, los que defendieron su confirmación hicieron hincapié en sus credenciales y destrezas “de calibre global”, alabándola como una tecnócrata hábil, experta en el análisis de datos y el uso de evidencia para implementar prácticas y formular métricas.  La describieron además como alguien que, precisamente por ser “de afuera”, sería inmune a las presiones de la política partidista que corrompía la gestión de otros secretarios y del gobierno en general. Este último argumento se encuentra ya en entredicho: la Comisión Puertorriqueña de Derechos Civiles está investigando a su oficina por violaciones éticas y favoritismo político.
Pero el caso es que la evidencia y los “datos” que Keleher alegadamente usa como base para las reformas que implementa y propone no han sido comunicados de forma transparente. La lógica para escoger, por ejemplo, las más de 150 escuelas que cerró (y las trescientas que propone cerrar) no ha sido explicada, al menos no más allá de vagas referencias a la pérdida de estudiantes que han emigrado recientemente a Estados Unidos.
La decisión de cerrar escuelas no parece ser inocente, aislada o trivial. Para empezar, Puerto Rico carece de transportación pública confiable, y el Departamento opera muy pocas güagüas escolares. En una isla donde más de la mitad de los niños vive bajo el nivel de pobreza, muchos padres carecen de los medios para llevar a sus hijos a escuelas más lejanas. A muchos les preocupa el impacto de la consolidación de escuelas sobre niños que aún están lidiando con el trauma y las consecuencias de la tormenta. Ni hablar de la pérdida inminente de empleos docentes que cerrar escuelas implica. Con el apoyo y ayuda de la oficina de DeVos, el departamento que dirige Keleher ha producido un proyecto de “reforma educativa”, diseñado para aumentar la libertad y opciones educativas (“school choice” es un término muy popular entre los partidarios de reformas neoliberales en Estados Unidos) mediante la implantación de escuelas chárter (Keleher las llama “escuelas alianza”) y vales educativos. En las vistas que el Senado convocó para discutir el proyecto, el decano de educación de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras testificó en contra de las chárters utilizando argumentos basados en estudios concretos y fue despedido posteriormente por el presidente interino del sistema UPR, quien ha apoyado la reforma públicamente. El paro del lunes buscaba presionar a los senadores para que no aprobaran el proyecto, pero este pasóde todas formas, y la versión final necesita solo la firma del gobernador (quien también ha sido explícito en su apoyo) para convertirse en ley. Los vales y las chárters del proyecto están acompañados, predeciblemente, por el anuncio del cierre de 300 escuelas más (casi una tercera parte del sistema público) y un proyecto aprobado el año pasado que facilita la creación, en fast track, de las llamadas “escuelas-iglesia”, combinando así dos de los principios favoritos de la derecha: el “school choice” y la (mal llamada) “libertad religiosa”.
Resulta difícil no interpretar esa combinación–eliminar escuelas públicas y a la vez traer vales y chárters a la mesa– como otra cosa que no sea una privatización a gran escala del sistema educativo y una luz verde al uso de fondos públicos para alimentarla. No nos parece que el vínculo que existe entre los fondos buitre que esgrimen nuestra deuda y la industria de escuelas chárter en Estados Unidos sea una coincidencia. Por su parte, Keleher niega que el proceso sea uno de privatización. Y el borrador final del proyecto es notablemente vago en lo que respecta a aspectos críticos de sus propuestas: las chárter podrían ser organizaciones con o sin fines de lucro, los vales podrían o no usarse en escuelas religiosas, y tanto las chárter como las privadas podrían o no aceptar estudiantes de educación especial.
Este último tema, el de educación especial, es particularmente crucial, y la falta de énfasis de Keleher sobre el mismo resulta reveladora. En los cincuenta estados, la población de educación especial constituye un 13 por ciento del total del estudiantado. En Puerto Rico, sin embargo, 40 por cientode los estudiantes requieren (por ley) estos servicios.  Numerosas investigaciones sugieren que las chárter admiten y retienen menos estudiantes de educación especial que las escuelas públicas tradicionales. La secretaria no parece particularmente preocupada por esta población o por las implicaciones que su reforma tiene para la demografía y presupuesto de las escuelas públicas.
Keleher ha sido confrontada, tanto por maestros como por la prensa, con preguntas sobre los cambios que propone. Sus respuestas suelen ser inadecuadas, inapropiadas y a veces sencillamente groseras. Tiende a reaccionar con aseveraciones bruscas, desinformadas, o sarcásticas. En una ocasión, descontenta con las preguntas de unas maestras, y aparentemente no preparada para contestarlas, simplemente abandonó la reunión.
Su reacción a las críticas en torno al contrato reciente, por $16.9 millones, que le otorgó al también estadounidense Josephson Institute of Ethics para enseñar “valores” en las escuelas públicas puertorriqueñas es reveladora: tras justificar el cierre de las primeras 179 escuelas como necesario para crear un ahorro de 7 millones, le restó importancia al monto del contrato de Josephson y lo describió (tras hacer, frente a la prensa, gestos de estar haciendo la matemática del asunto) como un gasto relativamente menor, menos del 1 por ciento del presupuesto total de la agencia. Pero para muchos puertorriqueños, que trabajan en y asisten a escuelas donde escasean los recursos, el equipo y los materiales, la suma de 16.9 millones es extraordinaria. Cuando los periodistas le preguntaron acerca de las trabajadoras sociales que en principio están a cargo de esa función en las escuelas, contestó que estas carecen de las destrezas de liderato y administración que hacen falta para la tarea. Cuando se le preguntó por qué no explorar la posible contratación de la Universidad de Puerto Rico (que de hecho tiene experiencia con la creación de currículos de ética), preguntó, retóricamente y con expresión de fastidio, “qué obligación” tenía ella de hacer eso.
Más tarde, cuando le preguntaron por qué, concretamente, había elegido (sin subasta pública) a la firma de Josephson, contestó bruscamente “porque sí”, añadiendo más adelante que tenía “evidencia” de que la compañía californiana había tenido buenos resultados con una versión más pequeña del mismo programa que, bajo el nombre de “Tus Valores Cuentan”, llevaron a cabo durante la gobernación de Luis Fortuño. Los que apoyan a Keleher, incluyendo al gobernador mismo, han repetido esto de la “evidencia de buenos resultados” en numerosas ocasiones. Este argumento es, sin embargo, debatible: el instituto nunca ha corrido su programa, Character Counts, a esta escala, y la única evaluación que pudimos encontrar (financiada por el mismo instituto Josephson) no parece adecuadamente profunda o rigurosa y sugiere, como mucho, resultados modestos. Cuando le preguntaron a Keleher cómo supo de la existencia del programa y del instituto, alegó no recordar nada, pero poco después salió a relucir que una funcionaria (con una larga trayectoria en el PNP y directora nada menos que de la oficina de Ética) había traído el programa a su atención. Gran parte de los contratos del Instituto Josephson son financiados con fondos públicos y sus clientes incluyen al FBI, el Departamento de Defensa, y la CIA. El mismo Josephson ha aceptado, sin embargo, que el nuevo contrato en Puerto Rico es el más caro y complejo que han obtenido hasta ahora.
Ahora que ha aumentado la presión del público, Keleher y sus partidarios están acusando a los críticos de prejuicio y xenofobia. Alegan que Keleher no agrada porque es estadounidense, o que su audiencia puertorriqueña no la entiende bien porque el español no es su primer idioma. Insisten en que Keleher está haciendo un gran esfuerzo (por nuestros niños, y por comunicarse) y que sugerir que alguien de Filadelfia no debería correr el Departamento de Educación es equivalente a decir que un puertorriqueño no podría correr una agencia en Estados Unidos. Estos argumentos, sin embargo, oscurecen los procesos históricos y las diferencias de poder que le sirven de base a esta controversia. ¿Le permitirían acaso, a una puertorriqueña, manejar un departamento de educación en Estados Unidos sin exhibir conocimientos plenos del idioma inglés y la cultura e historia del país?
Tomando en cuenta la falta de competencia cultural que ella misma admite, Keleher tal vez desconoce el hecho histórico de que Estados Unidos trató una vez de importar maestros a Puerto Rico con la intención explícita de transformar el idioma, la cultura, y la memoria histórica del pueblo y así convertir a Puerto Rico en un Porto Rico más aceptable. Los maestros locales protagonizaron entonces la resistencia a la imposición de las políticas educativas de “English-only” y la preservación de la historia y tradiciones culturales puertorriqueñas en el currículo.
La relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos implica que cualquier nombramiento estadounidense a una posición de poder en la isla constituye una regresión y exacerba años y años de mensajes ideológicos que afirman la incompetencia de los puertorriqueños, su falta de preparación, su ética monga y, en general, sus deficiencias, una ideología que redunda en una “solución” obvia: traer a otra persona, preferiblemente estadounidense, para “arreglar” los desastres que los nativos crean. El mensaje de esa incompetencia, de esa incapacidad para gobernarse a sí mismos, es uno que resurge y se repite con frecuencia últimamente y que refuerza medidas extremas: desde la imposición de una junta todopoderosa bajo la ley PROMESA, pasando por la creación de un mecanismo separado para administrar fondos federales destinados a la reconstrucción post-huracán, hasta el reclutamiento, desde la oficina de Keleher, de personas fuera de la isla, en los cincuenta estados, para ocupar posiciones de alta gerencia (incluyendo directores de asuntos académicos y recursos humanos) en Puerto Rico.
Es importante que ubiquemos conceptualmente el fenómeno Keleher en el paisaje más amplio de un Puerto Rico post-María. Si bien es cierto que su nominación provocó algunas dudas, es también cierto que ha preparado el camino para nombramientos que, aunque igualmente escandalosos, han enfrentado menor resistencia. Ese es el caso por ejemplo de Walter Higgins III, seleccionado para poner en marcha la privatización de la autoridad de energía eléctrica, y Brad Dean, el CEO de una nueva organización sin fines de lucro creada a través de legislación especial, llamada Destination Marketing Organization (DMO) y diseñadapara privatizar los trabajos a cargo anteriormente de las agencias de turismo gubernamentales. La creación de DMO dice mucho sobre la escala de la transferencia de responsabilidades y recursos del ámbito de lo público al de lo privado.
Está claro que la privatización y la entrada de capital privado están siendo asumidos y presentados como los motores de la recuperación económica de Puerto Rico. El énfasis del gobierno local y la junta fiscal ha estado, incluso antes de María, en reducir agencias gubernamentales, atraer inversionistas externos a través de incentivos contributivos, privatizar servicios públicos–incluyendo servicios esenciales como educación, energía y salud– y asegurar ganancias para los bonistas e inversionistas privados. No debe sorprendernos entonces que los especuladores paren la oreja y que los bonos del país estén repuntando.
La “reforma” de Keleher ilustra y surge así de un proceso que, aunque acelerado, sigue la receta tradicional de los sicarios del capitalismo del desastre: reducir recursos y encoger instituciones públicas, otorgar contratos lucrativos a individuos y entidades privadas basados en Estados Unidos, redirigir fondos públicos para crear escuelas nuevas, cerrar escuelas tradicionales, despedir maestros para facilitar y financiar sus planes, y hacer todo lo anterior al tiempo que se lucra y beneficia personalmente.
Desafortunadamente, Julia Keleher no parece ser una excepción o una anomalía. Falta ver si la insatisfacción detrás del reclamo #JuliaGoHome puede convertirse en una marejada mayor de descontento y resistencia contra la explotación y desmantelamiento de los recursos de Puerto Rico y el endurecimiento del dominio colonial.
*nota: esta pieza la escribí en colaboración con Yarimar Bonilla y Natasha Bannan. La versión original en inglés fue publicada en el periódico The Nation. 

miércoles, 14 de marzo de 2018

Este infame gobierno le va a pagar 17 millones a la CIA para enseñar "valores" a los boricuas

PUERTO RICO: ENTRA EN ACCIÓN CONTRATISTA DE LA CIA
Por Jesús Dávila
NUEVA YORK, 14 de marzo de 2018 (NCM) – La asignación de casi 17 millones de dólares, de los menguados fondos de Puerto Rico, a un contratista de la Agencia Central de Inteligencia para que enseñe honradez a los puertorriqueños abre una verdadera caja de pandora sobre las políticas de Estados Unidos para tratar de mantener el control en su principal colonia caribeña.
La maniobra, en la que la funcionaria que firmó el compromiso del dinero dijo no conocer al perito reclutado, viene a ser una contrapartida de otros episodios también relacionados con la comunidad de inteligencia que entran a jugar papeles en la crisis de Puerto Rico.
Levanta además interrogantes sobre las consecuencias para la región caribeña de que desde Puerto Rico se haga una asignación tan cuantiosa a una entidad vinculada a la CIA. Tales interrogantes tienen relevancia particular en momentos en que el director de la CIA, Mike Pompeo, fue elevado al puesto de Secretario de Estado de EEUU y para sustituirle en la agencia de espionaje se acaba de designar a Gina Haspel, ex encargada de operaciones secretas que tiene en su historial haber supervisado torturas.
Sin embargo, en este caso no se trata de información secreta ni escondida, sino que Michael Josephson, a través de su Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, de California, ha dejado saber que presta servicios a entidades vinculadas a la seguridad nacional y la comunidad de inteligencia de EEUU. Entre ellas, están la CIA, así como al Departamento de la Defensa, el Ejército, el Colegio de Guerra del Ejército, el de la Armada y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), según documentos del propio Instituto.
Entre los países en los que el instituto de Josephson realiza encomiendas “por requerimiento del Departamento de Estado de EEUU” -según los documentos de la entidad- están Corea del Sur, Kirgyzstán, Palestina y Colombia. Además, la misma documentación informa que, al menos desde 2016, ha hecho contactos para tratar de desarrollar proyectos en China, África del Sur, Brasil y Ecuador.
El acuerdo, por 16,9 millones de dólares de fondos asignados al Departamento de Educación, se conoce meses después de que el propio Josephson difundiera información en el sentido de que en Puerto Rico estaban ocurriendo “saqueos generalizados” después del paso del huracán María. A pesar de que los incidentes de saqueo fueron aislados y pocos, el Gobierno no hizo nada por denunciar el informe como difusión de noticias falsas.
El trabajo encomendado a Josephson, de promover “ética” y “valores” a través de las escuelas públicas se produce en el marco de las denuncias de sindicatos, grupos sociales y opositores políticos, ante la determinación de privatizar el sistema de instrucción pública, que en Puerto Rico tiene rango constitucional. Ocurre también en momentos en que las noticias sobre corrupción afectan los esfuerzos de recuperación tras el paso de los huracanes del año pasado, como las del caso Whitefish -todavía bajo investigación federal- y las contrataciones por parte de EEUU de entidades con incapacidad manifiesta para atender los pedidos de diversos tipos de suministros.
No es la primera vez que Josephson tiene que ver con Puerto Rico, pues en 2009 se gestionó que desarrollase un proyecto para la promoción de valores, que se puso en marcha en 2010. Su actividad comenzó entre 2010 y 2011, cuando se desarrollaba un alzamiento estudiantil en el sistema de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico, que fue blanco de medidas duras de represión.
La diferencia principal ahora es que se trata de un trabajo mucho más abarcador, que cubre todo el sistema público de enseñanza, así como la cantidad de dinero asignado en momentos en que el Gobierno de Puerto Rico se encuentra en quiebra y, el proceso para privatizar escuelas se combina con el cierre de una gran cantidad de planteles escolares como supuesta medida para cortar gastos.
Josephson no es el único personaje de reparto vinculado a la comunidad de inteligencia de EEUU que tiene algo que ver con Puerto Rico últimamente.
Aunque desde un lugar muy distinto, el ex oficial de inteligencia naval y ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Wayne Madsen ha publicado este mes su análisis sobre el deterioro de las posesiones isleñas estadounidenses. Madsen concluye que EEUU debe retirarse de Puerto Rico e Islas Vírgenes y del ramillete de islas del Pacífico para permitir que esos territorios pasen a una etapa post colonial de naciones independientes.
Con respecto a las Islas Vírgenes de EEUU, Madsen plantea que se debe gestionar un acuerdo con Inglaterra para que se unan a las Islas Vírgenes Británicas en una sola nación isleña.
Según Madsen, el azote de los huracanes Irma y María en la zona atlántica y las tensiones entre EEUU y Corea del Norte en el Pacifico han dejado claro que EEUU no ha demostrado la condición para proteger la seguridad y el bienestar de los territorios. Mientras tanto, crece el resentimiento y, en el caso de Puerto Rico en particular, argumentó que los muchos decenios de persecución contra el independentismo han resultado inútiles.
El trabajo de Madsen fue reproducido por la Fundación de Cultura Estratégica, una plataforma en la que aparecen muchos artículos de analistas rusos.
De hecho, la conversación internacional sobre el tema del manejo de las posesiones por parte de EEUU no se limita a la comunidad de inteligencia y espionaje.
El mes pasado, el Instituto Affari Internazionali, de Roma, publicó un trabajo de Leo Keay, de la Universidad de Oxford, en el que se plantea que el problema geopolítico principal es que EEUU ya pasó de la etapa en la que podía continuar ampliando su poder y que ahora se dirige sin reflexionar a lo que se conoce como “la Trampa de Tucídides”, viendo amenazas dondequiera. “Estados Unidos debe cesar de estar aspirando a la hegemonía global”, planteó Keay e indicó que le conviene ajustar sus miras, como en su momento lo hicieron los británicos.
 
 

viernes, 2 de marzo de 2018

jueves, 22 de febrero de 2018

La mentalidad del colonizado

(Para Juan Manuel en la fecha de su natalicio, porque esta fue su obsesión durante toda su vida)

“Llega un tiempo cuando el silencio es traición” dijo Martin Luther King.  El silencio es no hablar lo que tenemos que plantearnos con urgencia desde que hace casi dos años el imperio decidió desnudar la colonia.

Para ser justa, en agosto de 2016 nuestra insigne escritora Ana Lydia Vega publicó una columna reaccionando a otra del presidente de la APH, Félix Huertas sobre la necesidad de revisar los textos de historia en vista de las recientes decisiones del Congreso y el Tribunal Supremo estadounidenses que en palabras de Ana Lydia, “nos han restregado en la cara la vulgar naturaleza colonial del Estado Libre Asociado. ..”
Sigue diciendo “Nada de eso sorprende. Se sabe que la historia la escriben los vencedores y que los compendios de encargo son hijos de sus tiempos. Se sabe, además, que algunas obras incorporadas a la educación pública pueden servir de instrumentos para la domesticación intelectual. En el caso de Puerto Rico, la censura - activa o pasivamente ejercida desde la era española hasta el presente - ha mantenido un estricto control sobre la difusión escolar del conocimiento histórico disponible. Ya sea por prohibición o por omisión, se ha podido perpetuar un mutis efectivo sobre episodios incómodos o visiones disidentes de nuestra biografía de pueblo.
Como consecuencia de ese silencio selectivo, el estudiante puertorriqueño promedio padece de desinformación crónica. Desinformación, dicho sea de paso, que ni siquiera se reconoce como carencia. Imposible no pensar en la “amnesia cultural” descrita por Albert Memmi en su “Retrato del colonizado”. Condenado a vivir en la inmediatez del presente, el sujeto colonial va perdiendo progresivamente la memoria. Sólo la intervención formativa de maestros entendidos o la autogestión detectivesca de alumnos curiosos logra a veces rescatar retazos inconexos del pasado” concluye Ana Lydia. 

El 4 de mayo Marcos Reyes Dávila publicó en su blog Las letras del fuego una entrada titulada “Calibán: La deuda es suya: nuestras son las utopías”.  En la misma nos recuerda la obra de Césaire  y de como el cubano Fernández Retamar interpreta la historia enfocando en la imposición de la lengua del colonizador.

Más reciente fue la columna del escritor Juan López Bauzá titulada “PuertoRico amarrado y flagelado” en END el pasado lunes 7 de Agosto ( de la cual me entero por el blog “De todo un poco” de Elsa Luciano).   Dice lo siguiente: “En estas circunstancias de abuso y de mentira colectiva a niveles estrepitosos, resulta casi una reacción normal que los sometidos, que los amarrados, se acusen a sí mismos del fracaso colectivo, haciéndole eco a las burlas del amo. La idea de que lo hemos hecho mal nosotros, luego de que el amo nos diera la oportunidad para hacerlo bien, es una de las formas más perversas y eficientes que existen para preservar, mediante la culpa compartida, tan evidente estado de ilegalidad política.

A estos escritores se unen artistas gráficos como la artista Yasmín Hernández que publica el blog Repatriating Boriken. En el mismo se puede leer un impresionante artículo titulado “Death by colonialism” que comienza con una cita de “Colonial mentality” de un músico nigeriano.

Y otro artista boricua, Jesús Ortiz Torres acaba de publicar un libro de caricaturas bajo el título de ¿Cómo piensa el colonizado?

Los historiadores no se quedan en silencio y mañana viernes 23 de febrero da inicio la XXV asamblea anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH) bajo el título de “Historia, colonialismo y represión en Puerto Rico: Reescribiendo nuestra historia”.  

Espero que sirva para empezar a entender las razones históricas para la mentalidad colonizada que tenemos como pueblo, siguiendo la descripción de Albert Memmi en su obra clásica Retrato del colonizado(1966).  Entender es el inicio del camino que nos toca emprender como país.



Powered By Blogger